VIII JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCERA FAMILIAR Y POBREZA ENERGÉTICA

El primer día se centró en la educación financiera familiar: La representante del Banco de España presentó el protocolo de hipotecas y la guía que había elaborado para su aplicación, lo cual es de gran interés para miles de familias que se encuentran revisando sus hipotecas en ese contexto y que les dio a conocer todas las opciones para hacer frente a la situación actual de los tipos de interés. En la segunda parte, ASUFIN intervino para hablar sobre la inclusión financiera y los resultados de sus estudios más recientes. Seguidamente el representante de CECU intervino sobre su proyecto "No clames, reclama", especialmente en lo que respecta a la solicitud y obtención de cuentas de pago básicas. Finalmente, EAPN Castilla La Mancha expuso las principales problemáticas a las que se enfrentan las familias y personas que necesitan una cuenta bancaria para mejorar su situación de inclusión. El segundo día se centró en la prevención de la pobreza energética, específicamente en los principales límites que se observan en la protección actualmente disponible para las personas y familias. Contamos con la colaboración de la Defensoría del Pueblo Andaluz, que explicó la problemática de las personas electrodependientes y las principales reclamaciones que habían surgido y se habían elevado desde la entidad. En la segunda presentación, Ana Sanz (Universidad Politécnica de Madrid) expuso su tesis sobre "Pobreza energética vinculada con la movilidad motorizada". Después de la pausa, fue el turno de la Fundación CIVIO, que explicó la problemática relacionada con el algoritmo BOSCO, que determina la concesión del bono social eléctrico. Se abordaron varios casos en los que no se otorgaba el bono y se analizó en detalle su funcionamiento para minimizar los problemas que podía causar y reducir al máximo su impacto en las familias en situación de vulnerabilidad. La jornada concluyó con la exposición de la Alianza contra la Pobreza Energética sobre las medidas propuestas desde el tercer sector para evitar situaciones de riesgo ante la expiración del Escudo Social el próximo 31 de diciembre.